Aguilar Aguilar: Régimen legislativo y de propiedad durante la Revolución Mexicana: Los casos de las haciendas petroleras de Chapopote y El Álamo, en el norte veracruzano (1925-1937)



Introducción

El presente artículo pone en el centro del análisis las dificultades por las que atravesó el proceso legislativo revolucionario con respecto de la industria petrolera en México. En primer lugar, se muestra la complicada labor del Estado revolucionario por ejercer la Constitución de 1917; por otro lado, se expone de manera especial el caso de los propietarios particulares como mediadores de la riqueza petrolera. En ese sentido, se propone una revisión documental y bibliográfica que permita distinguir el tipo de régimen de propiedad y jurídico petrolero que imperó durante el periodo revolucionario, así como destacar la importancia de las leyes porfiristas como referente legislativo.

Nuestro análisis aborda la disputa por el control y administración del recurso petrolero en el norte del estado de Veracruz entre 1925 y 1937, que implicó una lucha por la posesión y usufructo de la tierra. Este fenómeno será ejemplificado mediante los recursos jurídicos utilizados por la familia Núñez en contra de la compañía petrolera Penn Mex Fuel Company y del gobierno mexicano en defensa de las haciendas petroleras de Chapopote y El Álamo, cuyos escenarios nos muestran perfectamente el tipo de régimen legislativo y de propiedad prevaleciente durante el periodo revolucionario, así como su relación con el transitorio Estado mexicano.

Esta mirada histórica nos permitirá una mejor comprensión del proceso jurídico de la industria privada del petróleo en México durante la Revolución, sobre todo si tomamos en cuenta que desde la primera década del siglo XX las compañías petroleras extranjeras fueron beneficiadas gracias a las concesiones porfiristas, las cuales, a su vez, ofrecieron ventajas sobre el derecho de propiedad y el subsuelo. Sin embargo, las posteriores reformas y decretos que los sucesores de Porfirio Díaz intentaron aplicar en materia de extracción y explotación petrolera propiciaron un conflicto entre el gobierno mexicano y las compañías que, al menos hasta la década de 1920, resultó favorable para estas últimas.

Como resultado de la inestabilidad política y económica que causó la Revolución, se entramó una serie de acontecimientos nacionales e internacionales que incidieron, entre otras cosas, en las actividades sociales y económicas del estado de Veracruz que giraban en torno al petróleo. En esta entidad, las compañías petroleras ya habían iniciado trabajos de exploración en el norte de su jurisdicción. La mayoría de los iniciales contratos de arrendamiento de tierras y las concesiones de explotación acordados por las compañías con el gobierno mexicano y superficiarios tenían como principal respaldo las leyes porfiristas que autorizaban la extracción del combustible que se hallaba en propiedades de los concesionarios facultados por el titular del Ejecutivo.

Las ventajas que desde entonces tuvieron las compañías fueron notables frente a un gobierno mexicano que enfocó su atención en resolver la situación política y económica interna. En este derrotero coincidieron muchos factores políticos, económicos y legislativos que impidieron que la Constitución de 1917 se ejerciera a plenitud frente al poderío territorial y económico de las compañías petroleras y a la legislación porfirista que facilitó la privatización de la tierra por parte de las familias de poder, comúnmente llamadas terratenientes y jurídicamente mencionadas bajo el nombre de superficiarios.

Legislación y territorio nacional: La encrucijada revolucionaria

La modernización de México durante el gobierno de Porfirio Díaz requirió de su inclusión al sistema económico mundial entre finales del siglo XIX y principios del XX. El grupo de científicos que promovió esta política económica estaba convencido de que México debía ser impulsado a través de una ideología de orden y progreso, cuyo estado evolucionista había cumplido su etapa álgida tras el triunfo de liberalismo mexicano (Zea, 1968, pp. 233-285).

Este liberalismo desarrollista propugnó el establecimiento y defensa de la propiedad privada y el libre flujo de mercancías, así como la fragmentación de la propiedad comunal y la centralización administrativa de la riqueza nacional. En este proceso fue necesaria la aplicación de un conocimiento territorial que permitió dimensionar las riquezas naturales que pudieran ser extraídas, entre las cuales se encontraba el petróleo (García, 2009, p. 88).

El proyecto de modernización nacional logró vincular económicamente los centros de producción con los lugares de consumo a través de vías de comunicación. Esta vinculación permitió consolidar el dominio de la clase porfirista con respecto de los poderes locales, así como diseñar nuevos alcances territoriales una vez que se canalizó la producción nacional hacia el exterior (García, 2009, p. 88).

Al amparo de este proyecto modernista, se formularon leyes que protegieron la inversión extranjera y la propiedad privada, que influyeron en la definición de nuevas delimitaciones territoriales, como fue el caso de la industria petrolera. En primer orden, fueron decretadas las leyes del Código Minero de 1884 y 1892, las cuales otorgaron derechos de explotación de recursos naturales del subsuelo a inversionistas extranjeros y a los dueños de tierras, así como concesiones y derechos de expropiación en caso de haber terrenos baldíos. Mientras que en el aspecto fiscal, se les eximía de pagos de impuestos de importación por la introducción de equipo, sin importar cualquier contribución de exportación de productos (Pemex, 1988, pp. 57-58).

Nueve años después se decretó la Ley del 26 de diciembre de 1901, la cual autorizaba concesiones a compañías petroleras permitiéndoles, entre otras cosas, “exportar libre de impuestos toda la producción, así como importar maquinaria para transportar y refinar el petróleo”. Asimismo, concedía al superficiario el petróleo y demás sustancias que se encontraran en su propiedad, “sin necesidad de que fueran denunciadas y sin que fuera necesario obtener una adjudicación espacial para su explotación” (Bassols, 2006, pp. 9-14).

Con la autorización de la ley de 1901, el gobierno del estado de Veracruz llevó a cabo contratos durante los primeros años del siglo XX a través de los cuales se cedían a las compañías petroleras los derechos de exploración y explotación del subsuelo de los terrenos vacantes adquiridos por sentencia ejecutoria. Para que las compañías petroleras gozaran de dichos derechos y franquicias, debían manifestar al gobierno cuáles eran las negociaciones, terrenos, pozos de petróleo, instalaciones y fábricas que tenían en arrendamiento. Las compañías podían ocupar los terrenos pertenecientes al estado siempre y cuando no estuvieran destinados al uso público. En caso de que las propiedades fuesen de los ayuntamientos, la gestión tenía que hacerse ante las corporaciones municipales respectivas para resolver el caso con aprobación del Ejecutivo. La duración de este contrato tenía validez por cincuenta años, que contaba a partir de la fecha de su promulgación como decreto aprobatorio en el Periódico Oficial (AGEV, fondo Fomento, caja 173, exp. 24).

Posteriormente, en La ley de 1909 se estableció la “propiedad exclusiva del dueño del suelo todas las formas minerales combustibles, así como la facultad de explorar y explotar libremente el petróleo, sin necesidad de permiso de autoridad alguna” (Bassols, 2006, pp. 16-17). Esta ley en particular benefició a dos grupos principalmente: 1) los superficiarios o dueños de la superficie, los cuales llevaron a cabo contratos de compraventa o arrendamiento con las compañías petroleras para la exploración y explotación; 2) las compañías petroleras, que eran las principales beneficiadas económicamente de la explotación.

La apertura a la inversión extranjera y a la explotación privada de los recursos naturales formaron parte de un marco legislativo que rompió históricamente con las leyes hispanoamericanas, para fijar su atención en la legislación anglofrancesa, la cual atribuía “la propiedad del fluido al dueño de la tierra”. Esta modificación postuló la idea de que la nación era dueña del petróleo, por lo cual tocaba turno a los nacionales de dirigir los destinos administrativos de su explotación. Ser dueño no significaba ser el poseedor absoluto de la riqueza y del control económico, sino más bien el regulador de las actividades petroleras que establecían las leyes, las cuales dependían de las decisiones del Estado mexicano (Bassols, 2006, pp. 9-10). De esta manera, las leyes porfiristas influyeron en la expansión territorial de las compañías petroleras durante los procesos de unificación industrial, no obstante los cambios políticos ocurridos con motivo de la Revolución mexicana.

A pesar de que el gobierno porfirista había llegado a su fin, entre 1911 y 1918 la industria petrolera no solo se mantuvo, sino que logró extenderse a lo largo de las zonas potenciales petrolíferas. Un primer factor que facilitó la prolongación de la actividad privada petrolera fue la inestabilidad política que perduró durante la Revolución, y un segundo factor fue el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

La inestabilidad política ayudó a que los vínculos económicos entre la clase terrateniente y las compañías petroleras se fortalecieran. El frágil y efímero régimen revolucionario fue incapaz de controlar administrativamente la explotación petrolera, mucho menos de regular el mercado de tierras. Este vacío de poder permitió a la clase terrateniente de la Huasteca veracruzana tener un mayor dominio político y económico sobre su espacio de influencia. La clase terrateniente estaba compuesta en su mayoría por familias que habían afincado su poder desde la segunda mitad del siglo XIX a través de la explotación de recursos naturales, como fue el caso de los Ñúñez, Gorrochotegui, Peláez, Basáñez y Chao. Los vínculos directos generados con las compañías los condicionó como los verdaderos intermediarios de la riqueza, mientras que las compañías lograron explotar con mayor libertad la región petrolera. Los vínculos contribuyeron a dos cosas: 1) formar un grupo de Guardias Blancas a iniciativa de los líderes de familias terratenientes como Manuel Peláez1, con el fin de defender los intereses petroleros, y 2) lograr la mayor posesión de tierras por parte de las compañías.

Los sucesos nacionales e internacionales provocaron serios cambios territoriales y sociales en las zonas petrolíferas de México, como fue el caso de la Faja de Oro,2 considerada hasta la década de 1920 como una de las regiones más productivas del mundo gracias a su desarrollo industrial. Un ejemplo de ello fue la facilidad con que la industria petrolera se extendió entre las jurisdicciones municipales de Tuxpan y Temapache para dar salida comercial al petróleo con destino a Europa y Estados Unidos. Uno de los principales motivos que dio cabida al acelerado proceso de industrialización de la zona rural fue la capacidad negociadora que tuvieron familias terratenientes como los Núñez para permitir la apertura de espacios petroleros en Temapache, municipio que estaba regido por un régimen de propiedad particular.

El acaparamiento de tierras petrolíferas del estado de Veracruz, junto con las condiciones geográficas del mismo estado, crearon las circunstancias apropiadas para la extensión de la industria petrolera. Por un lado, la constancia de la aplicación de las leyes porfiristas promovió un mercado de tierras (compra, renta y despojo), y por otro, las regiones petroleras tenían una relativa cercanía con el Golfo de México, situación que propició un mayor alcance de la industria, entendida esta como la unificación de un conjunto de procesos involucrados en la exploración, explotación y refinación, caracterizados por un origen, migración, acumulación, detección, extracción y transporte del petróleo (García, 1989, pp. 19-22).

Las compañías lograron un control sobre el derecho del subsuelo en la medida de la capacidad de la posesión de la tierra. Basta decir que, hacia 1906, la compañía El Águila, propiedad de Weetman Pearson, logró hacerse de 243 000 hectáreas de tierra en regiones petrolíferas de Tabasco, Campeche y Veracruz, mientras que para 1911 el número de hectáreas aumentó a 679 069 (Garner, 2007, pp. 226-227). Esto no significa que en la mayoría de los casos las compañías hayan recurrido al despojo de tierras comunales, o bien a la compra directa, como ocurrió en un principio. Un tercer recurso fue el arrendamiento de tierras, pues los alcances de los contratos entre terratenientes y compañías también posibilitaron procesos de exploración, explotación y refinación. Lo importante era obtener tierras por cualquier vía. El empresario Weetman Pearson lo tradujo de la siguiente manera:

[…] los yacimientos de petróleo se extienden frecuentemente en zonas muy grandes, por lo que los derechos sobre el petróleo deben abarcar una superficie muy vasta para que sea realmente valiosa. Cuatro mil, ocho mil o dieciséis mil hectáreas parecen ser una extensión no poco común; por lo que, al obtener una opción, obténgala sobre un territorio tan grande como sea posible (Garner, 2007, pp. 149-150).

En los contratos de arrendamiento, las familias terratenientes acordaron ceder a las compañías el derecho de hacer “uso gratuitamente de la superficie de terreno necesaria para las instalaciones de maquinarias, tanques de depósito, presas, estaciones para bombas y otras mejoras necesarias en las operaciones del concesionario”, como era el hecho de construir líneas de tubería a lo largo del terreno, edificios para oficinas, almacenes y habitaciones para los trabajadores, así como abrir y construir toda clase de vías de comunicación con sus respectivos usos y derechos.3 Al no estar sujeto el establecimiento de la infraestructura petrolera a patrones preconcebidos de diseño o dimensión de la región petrolífera, la tarea de uniformar el proceso industrial terminó por acaparar un mayor porcentaje de tierras.

Las compañías petroleras extranjeras lograron ampliar su espacio de influencia bajo el ejercicio de las leyes porfiristas y los contratos de arrendamiento. Adaptaron también el proceso industrial a las características geográficas del estado de Veracruz, al grado de delimitar un territorio que rebasaba las fronteras estatales. La delimitación territorial comprendió casi todo el norte del estado de Veracruz, desarrollada en función de una infraestructura de transporte y refinación que obligaba a los espacios extractivos a mantener una especie de contacto industrial, laboral y entre po